Iniciar Sesión
   
Administración y gerencia

“Ley de Formalización y Generación de Empleo no creará más trabajo”
Iván Quintero* 1/2/2011

El 29 de diciembre del 2010, se sancionó la Ley 1429, cuyo objeto es la formalización y generación de empleo.

Esta nueva ley comprende varios títulos y materias: normas generales (título I), los incentivos para la formalización empresarial (título II), los incentivos para la generación de empleo y la formalización laboral en los sectores rural y urbano (título III), la simplificación de trámites para facilitar la formalización (título IV) y el sistema nacional de información sobre demanda de empleo (título VI). La ley comprende un total de 65 artículos, muchos de ellos con sus parágrafos.

Lo que se dispuso

Para incentivar la formalización, se legisla sobre programas de desarrollo empresarial, facultando al Gobierno para que dentro de los seis meses siguientes diseñe, promueva, fortalezca, mejore y reglamente programas de formalización, dándoles prioridad a las empresas creadas por jóvenes menores de 28 años y aquellas que se ubiquen en Amazonas, Guainía y Vaupés.

Estos incentivos se basan principalmente en la posibilidad de realizar descuentos de impuestos de renta, de industria y comercio, de matrícula mercantil, de parafiscales y otras contribuciones de nómina, en forma progresiva, advirtiendo que todos los impuestos se deben pagar primero, para luego ser descontados, siempre que se cumpla con ciertas condiciones.

Igual acontece con los incentivos para la generación de “nuevos” empleos de grupos vulnerables, identificando como tales a los conformados por menores de 28 años de edad, desplazados en proceso de reintegración y discapacitados, mujeres mayores de 40 años que hayan estado desempleadas en los últimos 12 meses y trabajadores que devenguen menos de 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

El beneficio no aplica, si se trata de vinculación de menores de 28 años que remplacen personal contratado con anterioridad y en todo caso los incentivos están limitados en el tiempo de dos a cinco años, no son acumulables y, además, expresamente, se excluye de ellos a las cooperativas de trabajo asociado.

La empresa que procure el descuento tributario debe demostrar que aumentó el número total de empleados respecto de diciembre del año anterior, por lo que se impone demostrar que esos “nuevos empleados” no aparecían en la PILA dentro de los 12 meses anteriores a su contratación.

Análisis crítico

Alcanzar los objetivos que se persiguen respecto a la generación de empleo será muy complejo e incierto. Está históricamente demostrado que este no se genera por la expedición de leyes, sino por el crecimiento sostenido de la dinámica económica, que además encuentre las condiciones de seguridad, estabilidad y rentabilidad propicias. La gran crítica a los anteriores intentos de generar empleo por este camino se encuentra reflejada en las pobres estadísticas que arrojaron los seguimientos a los resultados que en esta materia tuvieron la Ley 50 de 1990 y más recientemente la Ley 789 del 2002. Habrá que ver qué ocurre en esta ocasión, pero no parece que vaya a ser la excepción.

La informalidad laboral en nuestro país, según cifras que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), ha estado por mucho tiempo cercana al 60%. La nueva ley crea “incentivos” tributarios progresivos y limitados en el tiempo, sujetos para su consolidación a una cantidad de requisitos difíciles de cumplir, que muy probablemente no sean suficiente aliciente para generar el cambio de la situación del mercado laboral nacional de 60% de informales laborales y solamente de 40% de trabajo formal.

Pueden ocurrir varias cosas, todas indeseadas pero probables: 1) que se obtengan los beneficios tributarios por las empresas formales, sin que se genere nuevo empleo. Con un solo empleo nuevo que se genere de diciembre a diciembre se cumple con la condición que impuso la ley. 2) Que se descarte personal idóneo en plena edad productiva (28 a 40 años), para contratar los denominados grupos vulnerables, y así obtener el beneficio tributario creado. No parece claro cómo se va a controlar que esto no ocurra, porque si bien la ley lo prohíbe, no existe la capacidad suficiente de inspección, vigilancia y control. 3) Que se estigmatice con la edad del trabajador a grupos de población con igualdad de necesidades en la búsqueda y obtención de empleo (mayores de 28), práctica discriminatoria cuyos efectos son impredecibles. 4) Que se genere una expectativa de creación masiva de empleo, que al no concretarse produzca gran frustración.

Aquellas empresas que antes de la expedición de la ley tenían previsto terminar contratos, como es el caso de las floricultoras, igual lo harán y no será esta ley la que las haga replantear su decisión, que obedece a factores incontrolables. A su vez, los que necesitaban contratar personal porque tienen demanda para sus productos lo harán, obteniendo un beneficio tributario que antes no existía. Lo que es claro es que no es el beneficio tributario el elemento rector para la toma de la decisión en uno u otro sentido.

Formalización no es contratación directa

De otra parte, los sistemas de información sobre demanda de empleo que se crean son instrumentos útiles de monitoreo y servirán para enriquecer el debate académico, pero no serán los que por sí mismos solucionen la informalidad y la falta de generación de empleo.

Ahora bien, la impotencia del Estado para regular, vigilar y sancionar a aquellos que abusaron de la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado deriva en su prohibición. La intermediación laboral que algunas de estas realizan ya estaba prohibida desde la Ley 1233 del 2008, y que se aumente la multa en esta nueva ley hasta 5.000 SMLMV no solucionará el problema.

Se legisla partiendo de la base de sentenciar que formalización equivale a contratación laboral directa. No compartimos esta apreciación, pues los esquemas indirectos y flexibles de contratación pueden y deben ser formales.

La nueva ley en su artículo 63 establece que “el personal requerido en toda empresa pública o privada para desarrollar actividades misionales permanentes no podrá ser vinculado a través de cooperativas de trabajo asociado o bajo ninguna otra modalidad que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”. Hay múltiples formas de contratación que respetan la Constitución y las leyes y que no son contratos laborales.

Ahora, con la expresión “prestacionales”, nos preguntamos si se está ordenando aplicar el Código Sustantivo del Trabajo (CST) a todo contrato que se celebre. Venezuela y Ecuador tienen prohibida la intermediación y la tercerización. ¿Acaso con estas medidas radicales se logró solucionar la informalidad o generar nuevo empleo? Por supuesto que no.

Respecto de las normas anti trámites se alivia la impresionante carga que tienen las empresas, que consiste en acudir al ministerio para tramitar aprobación de cesantías, afectación de salarios, autorizar prestamos y aprobar reglamentos, enfoque que compartimos, pero que nuevamente no será lo que determine el cambio de la variable funesta de 60% de informalidad frente al 40% de formalidad en el empleo.

Por último, el artículo 65 de la ley deroga varios artículos del CST, entre ellos el 74, que establecía la proporcionalidad de trabajadores extranjeros y colombianos, norma sana de protección a la mano de obra local. La consecuencia de dicha derogatoria es que podrá contratarse al 100% de personal de origen extranjero para laborar en una empresa en Colombia.

Mientras el costo de la seguridad social por mes por trabajador siga ligado a una base mínima obligatoria de 1 SMLMV, no se generarán empleos formales de tiempo parcial, de fin de semana ni por horas, porque resultan más costosos la seguridad social y los aportes parafiscales que el salario mismo (161.000 pesos). La consecuencia es que todas estas actividades laborales que se multiplican en la práctica en el desarrollo de nuestro aparato económico seguirán siendo informales.

Por ello insisto en abrir el debate en torno a la “flexiseguridad” y “flexiparafiscalidad”.

*Estratega empresarial.
Fuente: Ámbito Jurídico. Ed. 314, del 31 de enero al 13 de febrero 2011. Pg-18


Información relacionada
Más sobre este tema
A través de su filial Conalvías U.S.A., la empresa colombiana logró la obtención de un importante contrato para la ampliación de una vía en el estado de Florida.
Con la declaratoria de la Zona Franca Andina, la región ajustó tres parques industriales de bienes y servicios.
Consulte el valor real del salario 2011, los honorarios de la SCA, estructuras, ingeniera eléctrica y mecánica, y mucho más…
La coyuntura actual, en especial los altos índices de corrupción en la contratación estatal, han prendido las alarmas de varias autoridades del Estado.
 Califique este artículo  
ima
ima
ima
ima
ima
ima
( 40 - votos )



INICIO LICITACIONES PRESUPUESTAR CONSTRUPEDIA PROVEEDORES REVISTAS SOFTWARE
 
Catálogo de Outsourcing - un producto Legis
Avenida Calle 26 # 82-70, Bogotá D.C. | Soporte Técnico en Bogotá: (57 1)4255200 - Opción 2 y nuevamente 2 Soporte Técnico en el resto del país: 018000912101 - Opción 2 y nuevamente 2
Ventas: Bogota (57 1) 4255255 Ext. 1618 - 1224 - 1544 - 1571 / Cali (092) 6081800 Ext. 2238 Barranquilla: (095) 3696200
Ext. 5254 - 5217 / Medellín: (094) 2314804 Bucaramanga: (097) 6300273 Ext. 7620
Editorial: (57 1) 4255255 Ext.1411
CONSTRUDATA@LEGIS.COM.CO
Línea Ética de Denuncias

Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Legis S.A. NIT 860.001.498-9
© Copyright 2012