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CCI critica régimen de contratación del Fondo de Calamidades y de Colombia Humanitaria
29/3/2011
Para el gremio de la infraestructura, no se han despejado las graves dudas que existen en el mercado, en el sector de los inversionistas nacionales y extranjeros, y en general en el sector de la contratación y la construcción, frente a los reparos que merecen las directrices sobre contratación, del “Fondo de Calamidades” y de Colombia Humanitaria.
Estas fueron las declaraciones de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, durante la Junta de la Federación Panamericana de Consultores, FEPAC, realizada el 29 de marzo:
Específicamente preocupa la contratación de obras sin el debido análisis técnico y ante la ausencia de estudios y diseños que sustenten la conveniencia de su realización. Igualmente, la contratación de interventorías exclusivamente con universidades, asociaciones de universidades, gremios de la ingeniería o de la construcción o el cuerpo de ingenieros de las fuerzas militares.
Es claro que las universidades o sus asociaciones, no deben competir con las empresas de consultoría especializadas en la labor de interventoría. Su papel, de investigación no es compatible con el ejercicio de supervisión de las obras. Adicionalmente, no cuentan ellas con el personal y la trayectoria que les permita atender de manera idónea estas actividades.
La adquisición de maquinaria por orden de compra directa de los municipios y departamentos, abre la puerta a la corrupción, en cuanto estimula y hace factible el pago de coimas o dádivas sin que por lo demás, se tenga en cuenta el respectivo sustento que garantice las condiciones técnicas y económicas para la eficiencia del gasto en el ente territorial.
Tampoco se han despejado las reservas y los temores fundados que tienen el mercado y los sectores de la construcción y la contratación en general, sobre la posible confusión de roles entre el llamado “Fondo de Adaptación” y el propio Ministerio de Transporte, con relación a la priorización, viabilización y contratación futura de los proyectos de infraestructura.
Tampoco parece conveniente ni necesario que tal Fondo acuda, (como lo prevé el Decreto que establece su creación) a la figura de “régimen privado” de contratación para ejecutar cerca de 20 billones de pesos, lo cual equivale a una pésima señal para los inversionistas y el mercado. Sí de lo que se trata es buscar eficiencia y agilidad en la construcción podría pensarse más bien en la posibilidad de “achatar” los tiempos de los procesos licitatorios, tal como lo están haciendo países como el Perú, sin tener que acudir al instrumento de los regímenes exceptivos a las normas de la contratación. Tales regímenes suelen restringir la democracia en la contratación y estimulan la falta de transparencia. Todo lo contrario de lo que busca el Buen Gobierno.
Fuente: CCI
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