Algunas inconsistencias en el esquema financiero y en la viabilidad técnica llevaron al Gobierno a detener este proyecto de Ley, que llevaría gas domiciliario a las viviendas VIS y VIP.
Ahora que la Vivienda de Interés Social ha tenido un leve repunte, surge una noticia que pone en jaque uno de los beneficios que se le iban a adicionar: el acceso al servicio público domiciliario de gas combustible por redes.
En efecto, el Gobierno Nacional presentó objeciones a la iniciativa, enmarcada en el proyecto de Ley 349/24C-231/22S, que le daría este servicio a las VIS y a las Viviendas de Interés Prioritario, VIP.
¿La razón? El documento no reúne los requisitos para garantizar su viabilidad financiera, lo cual compromete su sostenibilidad, ni da seguridad sobre los componentes técnicos que se precisan.
A parecer, no se tomaron en cuenta los conceptos ni las recomendaciones de los Ministerios de Minas y Energía, Vivienda, Ciudad y Territorio y Hacienda, que habían sugerido la revisión de unos puntos presupuestales y unas recomendaciones técnicas.
También encontraron que algunos puntos no se concatenan con las normativas vigentes ni se delimita ni precisan los criterios para definir el número de beneficiarios. Esto, según los expertos, crearía un vacío y otorgaría el beneficio a personas u hogares que no cumplirían con los requisitos de vulnerabilidad.
Si la propuesta se retoma, tendrán que afinarse estos aspectos, así como establecer con claridad la procedencia de los recursos financieros para hacerla viable.